Pioz vuelve a la aplicación de las medidas de nivel 2 según

Resolución de 11/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución de

20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021

Hace 40 años, en 1981, nacía la Federación Española de Municipios y Provincias que venía a dar voz a los 8.022 ayuntamientos que representaban a una población de más de 37.600.000 habitantes, 19.231.584 de los cuales eran mujeres.

A lo largo de estas cuatro décadas e impulsado, entre otros, por el incipiente proceso de europeización y el cambio a un sistema político que devolvía la soberanía al pueblo, España ha experimentado una enorme transformación que, respecto a los derechos de las mujeres, se inició con la reforma del código civil y a esta, le siguieron numerosas reformas legislativas dirigidas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, alcanzando hitos irrenunciables como la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la puesta en marcha de Planes como el Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información de 2014, y primer Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural de 2015.

Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un impacto negativo y sin precedentes en los avances alcanzados que requiere dedicar esfuerzos a analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos y sociales asociados, y prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estamos siendo testigos, por un lado, de cómo la difícil situación económica está teniendo graves consecuencias en el mercado de trabajo aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de las mujeres y ampliando la diferencia de género; y por otro, del aumento del trabajo de cuidado no remunerado –tanto de menores, por el cierre de clases y de actividades extraescolares como de personas mayores, personas enfermas y dependientes– lo que profundiza las desigualdades de género ya existentes, tal y como se venía alertando en los distintos estudios e informes del uso del tiempo.

En el 40 aniversario de la FEMP y tal y como se ha venido haciendo cada año, los Gobiernos locales renovamos nuestro compromiso con la defensa y protección de los valores de igualdad reconocidos por la Constitución y alertamos sobre el peligro de retroceder en los avances alcanzados.

Por todo ello, los Gobiernos Locales, reunidos en la FEMP:

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y hacemos nuestras todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y mujeres.

- Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras.

- Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación.

- Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado.

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.