Once ayuntamientos de la provincia trabajarán conjuntamente contra el problema de ocupación de viviendas


Representantes de los consistorios de Quer, Alovera, Yebes, Pioz, Galápagos, Fontanar, Azuqueca, Yunquera, El Casar, Cabanillas y Horche han mantenido una primera reunión de contacto para diseñar estrategias conjuntas.

Alcaldes, alcaldesas y concejales de once municipios de la provincia, afectados en mayor o menor grado por problemas de ocupaciones ilegales de viviendas, mantuvieron el pasado jueves una reunión de trabajo y de primera toma de contacto en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. Se trataba de abordar de modo conjunto y unitario una respuesta a la proliferación de “okupaciones” de inmuebles que se está produciendo en la comarca, y que se están dando esencialmente en viviendas vacías que son de entidades financieras, pero cuyos bancos propietarios se han desentendido de ellas, y no colaboran en resolver los problemas de convivencia que se están generando.

La reunión había sido convocada por los ayuntamientos de Horche y Cabanillas del Campo, quienes ya empezaron a trabajar conjuntamente en este problema hace unas semanas, y a la misma han asistido esta vez representantes de otros nueve consistorios: Azuqueca de Henares, Alovera, Quer, Yebes, Fontanar, Yunquera, Galápagos, El Casar y Pioz.

En la cita, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento cabanillero, cada representante municipal expuso cómo está la situación de estas ocupaciones en su localidad, y los problemas que está generando, que en muchos casos son similares. En muchas ocasiones se trata de grupos organizados que descubren viviendas propiedad de bancos que se encuentran vacías (con frecuencia promociones paradas y abandonadas, a veces casas embargadas), las ocupan, y luego hacen negocio comprando y vendiendo el acceso a la misma de familias con situaciones económicas muy complicadas o en exclusión social, casi siempre llegadas desde localidades de Madrid. La llegada descontrolada de estos grupos está generando en muchos casos graves alteraciones de la convivencia vecinal en las zonas donde se asientan.

En esta primera toma de contacto todos los ayuntamientos han adquirido un compromiso de seguir trabajando en común buscando soluciones, presionando a las entidades financieras para que se impliquen en resolver el problema generado, y estableciendo reuniones periódicas con otras administraciones y estamentos que deben ayudar también con el problema. Finalmente se ha lanzado un llamamiento al resto de consistorios de la provincia que quieran participar de esta nueva plataforma, para que se unan a las acciones que se diseñarán en los próximos meses.